RSS.

jueves, 28 de junio de 2007

condena a militares por asesinato de niños

El ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia puso fin el miércoles a la investigación por los asesinatos de los niños Carlos Fariña Oyarce (14 años), Víctor Vidal Tejeda (16) y del joven Héctor Araya Garrido (20), asesinados por agentes del Ejército en un sector de la población La Pincoya y que se constituyó en uno de los crímenes más simbólicos cometidos luego del golpe militar.
El magistrado sentenció al comandante retirado Donato López Almarza a 14 años de reclusión efectiva por los delitos de secuestro calificado y homicidios de los tres menores de edad a la época de los hechos y cinco años al oficial en retiro Enrique Sandoval Arancibia, al que se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
Sandoval Arancibia actualmente se desempeña como jefe de seguridad de la municipalidad de Providencia y en varias ocasiones familiares de los menores asesinados ha solicitad su salida el cargo público.
La sentencia de más de 60 carillas dictada por el ministro Zepeda condena además al Fisco a pagar una suma total de $ 120 millones a los familiares de los menores asesinados, divididos en $ 24 millones a cada uno de los cinco querellantes en el proceso.
La sentencia judicial da cuenta clara de la represión en los primeros días de la dictadura y como agentes de estado, sin motivo aparente, desplegaron una política para “infundir temor” a la población en general y a los pobladores en particular.
Zepeda establece que un batallón del Regimiento N° 3 Yungay de San Felipe fueron trasladados al sector nororiente de Santiago, específicamente para desplegar la represión en sectores populares como la población La Pinocoya y otros donde realizaron diversos allanamientos en busca de esos opositores.
"En uno de esos operativos el del 13 de octubre de 1973 llegaron hasta la casa del menor Carlos Fariña Oyarce, ubicada en Los Músicos 6074, y sacaron de su lecho de enfermo al menor de 14 años de edad, el motivo de tal exigencia fue que días antes el menor Carlos Patricio, manipulando un arma de fuego disparó en acto casual un proyectil, hiriendo al niño Ramón Zúñiga Díaz, de 6 años de edad, siendo por este hecho ingresado, por orden del Primer Juzgado de Menores de Santiago, a la Casa de Menores, donde Carlos Patricio desesperadamente pedía ver a su madre; ésta, la señora Josefina, así lo encontró en ese internado llorando y afiebrado, al sufrir el ataque de otros menores internos”, señala la resolución.
"Los militares, en conocimiento del incidente antes referido, en definitiva sustrajeron del lado de su madre al menor Carlos Patricio Fariña Oyarce, el que se encontraba en su lecho de enfermo; trasladándolo enseguida, junto a otros detenidos reunidos en el sector "Las Siete Canchas" de la población La Pincoya hasta el cuartel base del Regimiento Yungay N° 3, en el interior de la Quinta Normal, utilizando para ello entre otros medios de transporte un microbús conducido por un particular; posteriormente, varias de las personas detenidas - procurando los hechores el mínimo peligro y el ocultamiento físico y moral de la noche - al igual que el menor Carlos Patricio Fariña Oyarce, fueron ejecutadas sin amparo o clemencia alguna”, agrega.
El mismo día, desde una casa de calle Los Pomelos, fue sacado el menor Víctor Vidal Tejeda y detenido Héctor Araya Garrido quienes corrieron la misma suerte que Carlos Fariña, luego de ser ejecutados en el sector las canchas.
El cuerpo de Carlos Fariña recién fue encontrado el 30 de junio de 2000, mientras se realizaba una ampliación de la Avenida Américo Vespucio al llegar a San Pablo, siendo identificado por el Servicio Médico Legal días después y entregado a sus hermanos, ya que la madre del niño murió sin saber de su paradero.
En tanto, los restos de Araya Garrido fueron encontrados en una fosa del Patio 29 del Cementerio General y luego incinerados por sus familiares, mientras no se sabe del destino de los restos de Vidal Tejeda.
El ministro Zepeda califica estos crímenes como de lesa humanidad por lo que no aplica la Ley de Amnistía de 1978 y rechaza aplicar la figura de la prescripción siguiendo el criterio de la Corte Suprema que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos prevalecen a la legislación chilena por el principio jurídico de ius cogens.
“Que, sin duda alguna, es posible además establecer que los actos antes descritos, por su seriedad, constituyen un ataque flagrante a la dignidad humana, atendida la especial y extrema crueldad empleada en contra de las víctimas menores de edad - dos de ellos niños y un joven - y a su entorno – en especial, en contra de las madres de los tres, que se mantuvieron, hasta que les fue posible, junto a sus hijos detenidos, garantes y fieles a su deber de protección y de cuidado - considerando asimismo que se trataba de acciones generalizadas y sistemáticas para infundir terror a la población civil, toleradas y promovidas por el mando de los subordinados que las ejecutaban, como se demuestra con el alto número de víctimas muertas al igual que los menores”, afirma. FUENTE: EL MOSTRADOR

No hay comentarios: